México- Celebrando la dependencia: el maíz a las trasnacionales
Silvia Ribeiro
La Jornada
Como si fuera un hecho banal, el gobierno aceptó tres solicitudes de la trasnacional Monsanto para plantar 30.000 hectáreas de maíz transgénico en Sinaloa, en lo que llama “fase piloto”. Es grave, tanto por la amplitud del área, como porque pone de manifiesto que lo que el gobierno llama etapa “experimental” es nada más una fachada para abrir la siembra comercial de maíz transgénico a gran escala, con la inevitable contaminación transgénica de los demás maíces en el país.
Los transgénicos tienen problemas desde todos los ángulos que se les mire: pese a las mentiras que difunden las trasnacionales (las únicas que ganan), las estadísticas muestran que tomados en varios años, grandes volúmenes y superficies, en promedio rinden menos y usan mucho más agrotóxicos. Existen compilaciones importantes de asociaciones médicas y otros científicos que muestran que los transgénicos tienen impactos en la salud humana y animal (incluyendo alergias, infertilidad, desregulación inmune, afectación de hígado, bazo y páncreas, entre otras) y en la biodiversidad. Recientemente, un estudio de la Universidad de Arkansas mostró que los transgénicos, además de la contaminación omnipresente en zonas cultivadas, se reprodujeron en la naturaleza y están invandiendo áreas naturales con impactos sobre insectos y plantas. Otro estudio de la organización Testbiotech de Alemania, muestra que la leche, órganos y carne de cabras, peces y cerdos que comen maíz transgénico contienen trazas de ADN transgénico.
Lo mencionado es apenas una pequeña parte de los graves problemas que tienen los cultivos transgénicos en general. En México los riesgos se multiplican exponencialmente al ser el centro de origen del maíz, por lo que desde muchas ópticas científicas y sociales hay una amplísima convergencia en que no se debería ni siquiera experimentar con maíz transgénico. Además México ya produce suficiente maíz, la mayoría campesino, para alimentar a toda su población.
A contrapelo de todo esto, entre 2009 y 2010, el gobierno mexicano aceptó más de 70 solicitudes de siembra de maíz transgénico a favor de las trasnacionales Monsanto, Dow, DuPont (a través de su subsidiaria Pioneer HiBred, PHI México) y Syngenta. Según los datos publicados por el gobierno, en 2009 autorizó 33 siembras experimentales en un total de 14,43 hectáreas. En el 2010 aceptó 41 solicitudes más, saltando a áreas mucho mayores, entre las que figuran tres de Monsanto para siembra “piloto” en Sinaloa con 30.000 hectáreas. En el mismo documento figuran otras 90.000 hectáreas en Tamaulipas, a las que llama“experimentales”.(www.senasica.gob.mx/includes/asp/download.asp?iddocumento=16092&idurl=25468).
Casi el 90 por ciento de los eventos (tipos de maíz transgénico) solicitados, son controlados por Monsanto, ya que incluso las solicitudes de Syngenta, DuPont y Dow, incluyen genes patentados por Monsanto, solos o en combinación con otros. El más solicitado es el evento Mon603 (equivalente a NK603), resistente al herbicida glifosato (que tiene nombres comerciales como Faena, Rival, Roundup). Entre las solicitudes, se incluye también el evento Mon810.
Justamente, un estudio científico publicado por el Ministerio de Salud de Austria en el 2008, analizó los efectos de un maíz transgénico con ambos caracteres (NK603xMon810) y llegó a la conclusión de que el consumo de ese maíz redujo la fertilidad en ratas de laboratorio alimentadas con éste, además de otros efectos. Éste y otros estudioa, entre ellos sobre los impactos ambientales de maíz insecticida, motivaron que varios países europeos, entre ellos Austria, Alemania, Francia y Grecia, prohibieran el cultivo de maíz transgénico en sus países.
Pero en el propio centro de origen del maíz, el gobierno apoya a las trasnacionales en la siembra “experimental” de varios maíces transgénicos insecticidas y de resistencia a agrotóxicos. Incluso una de las solicitudes de siembra “piloto” de 10.000 hectáreas, contiene el gen 603.
Las supuestas medidas de bioseguridad planteadas por las empresas y el gobierno mexicano son totalmente insuficientes para el riesgo que significa el maíz transgénico en México. Fueron analizadas y criticadas con detalle en la “consulta pública” que el gobierno colocó en Internet sobre algunas de las solicitudes. Desde muchas disciplinas científicas y organizaciones civiles se plantearon multiplicidad de observaciones críticas de gran solidez que el gobierno desechó sin explicaciones.
Su argumento es que las medidas eran suficientes para “experimentar”. Aun si esas medidas fueran suficientes para impedir el escape transgénico en campos experimentales, en siembra comercial los agricultores no las cumplirán: les aumentaría los costos, son engorrosas y además, no hay fiscalización.
Pero es claro que al gobierno nunca le interesó la bioseguridad, solamente era una fachada requerida por convenios internacionales que tuvo que hacer ley, un requisito formal para pasar luego a la llamada “fase piloto” y a la liberación comercial.
Por eso aceptó nuevas solicitudes sin tener los resultados anteriores, y ahora solicitudes de siembras piloto de decenas de miles de hectáreas, cuando ni siquiera da a conocer los resultados de los supuestos “experimentos”. Además, nuevamente está violando la ley, ya que la ley de bioseguridad requiere que antes de siembras piloto, se deben tener los resultados de la fase experimental, evaluados por las propias empresas interesadas, (por algo se la conoce como Ley Monsanto) pero reportados con características de una norma oficial mexicana, que no existe. Usan la ilegalidad, la farsa, la imposición. Razones no espurias, no tienen ninguna.
* La autora es Investigadora del Grupo ETC
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/08/28/index.php?section=opinion&article=027a1e
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La ilegalidad del maíz transgénico
Por Aleira Lara
En pleno año de la diversidad biológica y a unos días de la celebración por los 200 años de la Independencia de nuestro país, el maíz, bien común de los mexicanos, base de nuestra alimentación y cultura y símbolo de nuestra identidad, está amenazado.
Lejos de protegerlo, el gobierno mexicano ha permitido y promovido diversas ilegalidades, en beneficio de las corporaciones agrobiotecnológicas interesadas en patentar y controlar los granos fundamentales para la seguridad alimentaria mundial.
Por ejemplo, los 33 permisos de siembra experimental de maíz transgénico, emitidos por la Secretaría de Agricultura, se otorgaron después de una ilegal modificación al Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), que reduce el mandato de un Régimen de Protección Especial al Maíz a un simple trámite informativo.
A pesar de que estas siembras son supuestamente de interés público y como parte de las medidas de contención se llevarían a cabo en instituciones públicas de investigación, la realidad es que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias no participó en las siembras autorizadas en Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad recomendó que la experimentación, sin excepción, se hiciera en terrenos de las instituciones públicas de investigación agrícola, a fin de que el gobierno asumiera la responsabilidad del experimento. En los hechos, las siembras se llevaron a cabo en terrenos privados de agricultores cooperantes de las empresas y fueron directamente conducidas por empleados de las mismas. Nada ha hecho el gobierno al respecto.
Un desatino más: Monsanto, Dow AgroSciences y Pioneer-PHI México decidieron no acatar la condicionante relativa a: “Destruir en el mismo predio por medio de incineración (inmediatamente después de haber concluido el ensayo) todo el material que se haya derivado de la experimentación” y en su lugar, trituraron y enterraron los materiales. Ninguna reacción oficial frente a esto.
De acuerdo con la LBOGM, antes de sembrar transgénicos a escala piloto, se debe informar sobre el resultado de la siembra experimental. Este informe debe darse de acuerdo con las normas oficiales que deriven de la ley... mismas que aún no han sido expedidas.
Ante este vacío, las empresas se fueron por la libre y presentaron en conferencia de prensa los “resultados” de sus siembras experimentales para presionar a las autoridades, cuando son éstas las que deberían hacer público el resultado y la evaluación de los experimentos. Esto no sucedió. Las corporaciones hicieron públicos sus “resultados”, sin siquiera intentar simular que en verdad son instituciones públicas quienes conducen y están interesadas en tales experimentos. Y la autoridad, callada y sometida.
Y ahora, con chantajes y violando la ley —una vez más— las empresas promotoras de maíz transgénico, lideradas por Fabrice Salamanca, presidente de Agrobio, presionan al gobierno para que se escale la magnitud de las siembras de maíz transgénico (siembras en pequeñas parcelas y con medidas de contención), es decir, están solicitando que se autoricen ya siembras piloto (en terrenos grandes y sin contención).
México, la cuna del maíz, es víctima de la ilegalidad, de la debilidad de las autoridades y de la voracidad de las corporaciones. Sólo así se explica que mientras países como Francia, Grecia, Austria, Luxemburgo y Alemania prohibieron la liberación al ambiente de transgénicos, los experimentos más solicitados en nuestro país sean justamente los prohibidos allá (variedades MON810 y MON603). El MON603 fue prohibido en Austria debido a que su ministerio de salud dio a conocer un estudio que revela que ratas alimentadas con este maíz mostraron una reducción en su fertilidad.
Nada de esto es tomado en consideración por el gobierno mexicano, que, sumiso, entrega el maíz, fruto de una cultura de 9 mil años.
www.ecoportal.net
Coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace México
El Universal www.eluniversal.com.mx
